Informarse para decidir: consentimiento informado
Laura Vargas-Parada

          El diccionario de la Real Academia Española define consentimiento como la acción y efecto de consentir, esto es, permitir algo o condescender en que se haga. En el ámbito de la práctica médica, una persona deberá otorgar su consentimiento informado antes de (i) ser ingresada en un hospital, (ii) iniciar un tratamiento médico o quirúrgico, (iii) participar en una investigación clínica o (iv) acceder a un procedimiento con fines diagnósticos considerado de alto riesgo.

            El propósito del consentimiento informado es hacer efectivo el principio de respeto a la autonomía del individuo en la toma de decisiones médicas. El respeto a la autonomía es reconocer que las personas tienen derecho a opinar, tomar decisiones y actuar con base en sus valores y creencias personales. Esta autonomía se sustenta en el derecho legal y ético que una persona tiene sobre lo que ocurre a su cuerpo y en la obligación ética del médico de involucrar a sus pacientes en su tratamiento y cuidado de la salud. Para ejercer su derecho a la autonomía, el paciente debe recibir toda la información necesaria para comprender los riesgos y beneficios implicados, de manera que pueda ejercer su libre poder de elección.

Informado, es la palabra clave en este proceso. Ninguna persona puede tomar decisiones si la información de la que dispone es parcial, sesgada o incorrecta. Para poder decidir, la información recibida deberá ser clara, completa, veraz, oportuna y calificada, basada en la evidencia científica disponible. Es el médico el responsable de proveer esta información, la cual deberá cubrir diversos aspectos respecto al estado de salud del individuo, la naturaleza del procedimiento (en qué consiste, qué se va a hacer), la razón o motivo por el cual se sugiere dicho procedimiento (para qué se hace y porqué el médico elige ésta y no otras opciones), las alternativas de tratamiento disponibles, los beneficios y riesgos posibles razonablemente previsibles conforme a la práctica médica (entre ellos, molestias y efectos secundarios, incluidos los derivados de no llevarse a cabo el procedimiento o tratamiento). Es importante otorgar al individuo tiempo suficiente para analizar la información recibida, siempre que la situación lo permita.  

El libre poder de elección incluye la posibilidad de rechazar el tratamiento, procedimiento o la participación en cualquier tipo de investigación clínica. Esto último es muy importante. La expresión consentimiento informado puede dar a entender qué sólo es posible consentir, cuando en realidad es perfectamente posible lo contrario: disentir. Una persona puede no otorgar su consentimiento en función de su propia escala de valores o sus prioridades personales. Sin embargo, el no consentimiento no implica que deba darse por concluida la atención médica. Un individuo puede rechazar un tratamiento específico pero aceptar (consentir) uno alternativo, aún cuando este último no sea el de preferencia del médico.

            Una de las primeras referencias al consentimiento informado se encuentra en el Código de Nuremberg, redactado en 1947 en respuesta a la experimentación con seres humanos ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial. Contra su voluntad, los prisioneros de guerra fueron incluidos en diversas investigaciones, falleciendo muchos de ellos como resultado de los experimentos. Con el fin de proteger a los individuos que participan en proyectos de investigación se redactó el Código, que tomó su nombre de la ciudad donde fue redactado. Este documento propone un decálogo de normas a las cuales los médicos deberán adherirse cuando realicen investigación con seres humanos, la primera de las cuales se refiere al consentimiento voluntario de los participantes.  

            En la actualidad, el consentimiento informado es requisito para diversos procedimientos dentro de la práctica de la medicina. Para que el consentimiento sea válido, el individuo debe ser competente para la toma de decisiones y su consentimiento debe ser voluntario. Cuando por algún motivo el enfermo se encuentra incapacitado para otorgar su consentimiento, esta responsabilidad recaerá en su representante legal o allegados.

En la práctica médica es fácil que ocurran situaciones coercitivas: los pacientes pueden sentirse vulnerables ante su situación, pueden equivocadamente creer que la opinión del médico es la única opción de tratamiento disponible, o que rechazar un tratamiento o procedimiento determinado significará perder su derecho a recibir atención médica. También puede ocurrir que el individuo se sienta inhibido para preguntar y cuestionar libremente o que un lenguaje excesivamente técnico y especializado dificulte la comprensión. Finalmente, aquellos cuya lengua nativa no sea el español, pueden no comprender lo que se les dice. Aquí la labor del médico es fundamental para promover un diálogo de confianza y honestidad que fomente la participación informada del paciente en la decisión clínica.

En general, la presencia del paciente en el hospital o clínica no representa consentimiento implícito para todos los tratamientos o procedimientos. Los valores y deseos del paciente pueden ser muy diferentes de los del médico. Por lo que el principio de respeto a la persona obliga al médico a hacer todo lo posible para incluir al paciente en la toma de decisiones de su tratamiento y que afecten su vida y cuerpo. El consentimiento implícito sólo debe ser considerado por el médico, en situaciones de emergencia cuando el paciente esté inconsciente o incompetente y su vida está en riesgo, y no haya presente ninguna persona capaz de tomar dichas decisiones por el paciente. En estos casos se espera del médico que actúe en el mejor interés del individuo siguiendo el principio de beneficencia, esto es, la obligación del médico para trabajar por el bien de sus pacientes.

En México, la Ley General de Salud, y los reglamentos que de ella emanan, especifican las condiciones donde se requiere un consentimiento informado, cuándo éste debe ser por escrito, y las características de dicho documento. Para muchas otras decisiones, el consentimiento por escrito no es estrictamente necesario, pero sí lo es una discusión significativa entre médico y paciente.

Información es poder. Poder para decidir. Pero también es responsabilidad. La fuente más importante de información debe ser el propio médico. Sin embargo, el desarrollo tecnológico nos da fácil acceso a otras fuentes de información, muchas de ellas poco serias o veraces. Es importante ser crítico y consultar fuentes confiables, como universidades reconocidas, instituciones de salud u otras entidades como la Organización Mundial de la Salud. En México, la Secretaría de Salud proporciona información sobre diversos temas de salud a través de su portal e-Salud.

Tomar decisiones con respecto a nuestra salud no es fácil. En ocasiones, las propias convicciones pueden llevar a la decisión de la no acción, con todas las repercusiones que esto pueda tener. Pero eso es, en su base más fundamental, nuestro derecho a la autonomía: la capacidad de expresar y desarrollar los propios deseos. Nuestro derecho a consentir, o, a disentir.